La crisis de una empresa en el siglo XXI ya no puede analizarse únicamente desde una perspectiva nacional. La globalización económica ha creado relaciones comerciales en las que una empresa puede tener acreedores, inversionistas, proveedores y activos ubicados en diferentes jurisdicciones. En este contexto, el derecho de la insolvencia ha dejado de ser un asunto exclusivamente interno para convertirse en una disciplina cada vez más permeada por los estándares de armonización normativa internacional.

La Ley núm. 141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes representa un cambio de paradigma en el derecho mercantil dominicano. Abandona la visión tradicional, basada casi exclusivamente en la liquidación, y adopta un modelo orientado a la conservación de empresas viables, la negociación ordenada de sus obligaciones y la protección equilibrada de los intereses de todos los involucrados.

Este enfoque no responde únicamente a una tendencia global; se encuentra incorporado en el propio texto de la ley. El artículo 1 de la Ley núm. 141-15 establece que su objeto no se limita a proteger a los acreedores frente a la dificultad financiera del deudor ni a procurar la continuidad operativa de las empresas. Su párrafo dispone, además, el marco jurídico aplicable a la cooperación y coordinación de los procesos de reestructuración e insolvencia transfronterizos.

En otras palabras, el legislador dominicano no se limitó a modernizar el régimen de quiebras previsto en el Código de Comercio y en la derogada Ley núm. 4582 de 1956. También incorporó expresamente las recomendaciones de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza de 1997, cuyo propósito es facilitar la cooperación y coordinación entre jurisdicciones sin imponer una unificación sustantiva del derecho de insolvencia de cada Estado.

Conviene hacer una precisión terminológica. Lo que incorpora la Ley núm. 141-15 no es «derecho internacional» en el sentido del derecho internacional público, sino un instrumento de derecho uniforme: una ley modelo, de naturaleza no vinculante, que numerosos Estados han incorporado a su derecho interno para reducir los conflictos de jurisdicción derivados del comercio transfronterizo.

La evolución del régimen de insolvencia transfronteriza en la República Dominicana puede apreciarse en una serie de precedentes judiciales que han contribuido a delimitar el alcance práctico de la Ley núm. 141-15 y de los principios de cooperación judicial internacional.

El primer precedente relevante fue el caso Tradulca, en el que el Tribunal de Reestructuración admitió, mediante decisión del 8 de junio de 2021, la tramitación conjunta de la reestructuración de tres sociedades pertenecientes a un mismo grupo empresarial, pese a la ausencia de una regulación expresa sobre la materia. Con ello, el tribunal privilegió la realidad económica sobre la separación formal de las personas jurídicas y sentó las bases para el tratamiento de la insolvencia de grupos empresariales en el país.

En materia de cooperación internacional, el caso Franc Gajšek constituyó el primer reconocimiento, en la República Dominicana, de un procedimiento extranjero de insolvencia. Al homologar la quiebra personal abierta en Eslovenia como procedimiento principal, el Tribunal de Reestructuración aplicó por primera vez las disposiciones de la Ley núm. 141-15 relativas al reconocimiento de procedimientos extranjeros y a la cooperación con autoridades concursales de otras jurisdicciones.

Por su parte, el caso TMS puso de manifiesto las limitaciones prácticas para la implementación de la cooperación judicial internacional, evidenciando la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales y procesales que permitan una coordinación más eficiente entre tribunales de distintos países.

Finalmente, el proceso de reestructuración de Falconbridge Dominicana, S.A. (Falcondo), iniciado en 2025, constituye el procedimiento concursal de mayor trascendencia económica tramitado bajo la Ley núm. 141-15. Su dimensión internacional y la participación de acreedores y activos en diversas jurisdicciones lo convierten en un caso llamado a definir futuros criterios sobre coordinación transfronteriza y protección de acreedores extranjeros, con un impacto potencial en la consolidación de la jurisprudencia dominicana en esta materia.

Estos precedentes confirman la tesis central de este análisis, aunque también evidencian que persisten desafíos estructurales para la consolidación plena del sistema, particularmente en la capacidad institucional y en la experiencia acumulada de los tribunales especializados para conocer procesos de alta complejidad.

Desde la perspectiva del derecho mercantil internacional, la protección de empresas viables no debería significar, en principio, favorecer al deudor sobre el acreedor. La ley procura establecer un equilibrio en el que todos los actores participen bajo reglas claras y previsibles. Sin embargo, ese equilibrio no está exento de tensiones. La propia Ley núm. 141-15 permite que el deudor en reestructuración obtenga nuevo financiamiento con estatus súper-prioritario frente a créditos garantizados y no garantizados preexistentes. Esta figura busca facilitar el financiamiento durante la crisis y preservar el valor de la empresa, pero también implica una redistribución del riesgo hacia los acreedores anteriores. Reconocer esa tensión, en lugar de presentarla como un asunto definitivamente resuelto, distingue un análisis jurídico riguroso de una simple defensa de la reforma.

La evolución del derecho concursal internacional tampoco se ha detenido. Además de la Ley Modelo de 1997, la CNUDMI ha desarrollado instrumentos posteriores, entre ellos la Ley Modelo sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Relacionadas con Casos de Insolvencia y la Ley Modelo sobre la Insolvencia de Grupos de Empresas, hoy integradas en un texto consolidado de referencia para los Estados que decidan actualizar su legislación. Que la República Dominicana evalúe la incorporación de estos desarrollos será un indicador de si el proceso de modernización iniciado en 2015 mantiene el ritmo de la evolución internacional o si, por el contrario, se detiene en el punto alcanzado con la promulgación de la Ley núm. 141-15.

Hoy, la verdadera fortaleza de un sistema económico no se mide únicamente por la cantidad de empresas que generan riqueza, sino también por la capacidad de sus instituciones para responder cuando esas empresas atraviesan dificultades y por la consistencia con la que los tribunales aplican estos principios frente a casos reales y cada vez más complejos.

La Ley núm. 141-15 refleja esa transformación. Representa una República Dominicana que reconoce que el comercio moderno exige un régimen de insolvencia compatible con los estándares internacionales y que ya está siendo puesto a prueba, caso por caso, en su capacidad de convertir la crisis empresarial en una oportunidad de reorganización, recuperación y continuidad.

Porque, en la economía global, una empresa en dificultades no siempre representa un fracaso. En muchas ocasiones representa una oportunidad que el derecho puede ayudar a rescatar, siempre que las instituciones estén a la altura del marco normativo que las sustenta.